Ciudadanía binacional: La ciudadanía es una condición otorgada por el Estado al individuo que forma parte de una comunidad política a la cual está vinculado por el mero hecho de la pertenencia. La ciudadanía da acceso al disfrute de derechos políticos y económicos reconocidos por la legislación estatal a la que se encuentra adscrito el ciudadano.  La ciudadanía implica tanto acceso a derechos como también deberes morales hacia la comunidad (civismo y solidaridad). Normalmente este concepto se relaciona con nacionalidad y da acceso a prestaciones económicas y sociales.  Para el caso de lo binacional, poseer doble ciudadanía posibilita ejercer  derechos  pues es un elemento inalienable de la condición de ciudadanos que pertenecen a dos comunidades políticas distintas.

Desarrollo: Es un concepto polisémico, pero en general se refiere a un proceso de cambio que involucra las fuerzas de los distintos agentes sociales. Este concepto está ligado al contenido que cada contexto histórico le ha dado. No se trata sólo de bienestar, satisfacción de necesidades básicas, reducción de pobreza o de crecimiento económico. En últimos años el desarrollo se ha formulado desde dos perspectivas principales: el desarrollo sostenible y el desarrollo humano.   El desarrollo humano, sobre todo impulsado por el PNUD,  requiere de la expansión de las capacidades de forma tal que las personas puedan elegir el modo de vida que consideren digno (cfr Amartya Sen). Así, el concepto de desarrollo está íntimamente relacionado con lo que la sociedad considera como deseable.

Inteligencia democrática: Conjunto de capacidades cognoscitivas, comunicativas y políticas con que cuentan los distintos actores políticos, económicos y sociales para incidir en los procesos de toma de decisiones gubernamentales y legislativas. Hablamos de inteligencia en la medida que involucra la capacidad para recabar y procesar información relevante para formular propuestas y para colocarlas en la agenda pública y promover su adopción. Hablamos de inteligencia democrática en virtud de que, en el marco de un régimen democrático, la incidencia presupone el uso de herramientas eficaces y congruentes con la lógica democrática y con los valores y actitudes que le son consubstanciales: diálogo, acuerdo, respeto a las instituciones y corresponsabilidad.

Migración: Se refiere a un movimiento de población fuera de su lugar de origen o residencia habitual que puede tener múltiples motivaciones: reunificación familiar, conflictos políticos-religiosos, aspiraciones de superación personal, causas económicas, desastres naturales, conflictos armados, condiciones de pobreza extrema, entre muchas otras. Además es importante mencionar que la migración en su definición demográfica refiere a un traslado de residencia de uno o más individuos. Por definición implica cruzar fronteras administrativas de Estados-nación. Implica necesariamente un lugar de origen, donde se reside habitualmente,  y un lugar de destino, donde se permanece por más de un año.

Rendición de cuentas. Los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de informar y justificar todos los actos y decisiones de gobierno. Para hacer efectivo esta obligación así como ejercer cierto control debe existir un marco normativo que obliga a los servidores públicos a cumplir con la ley y si no lo hacen serán sancionados. La RdC implica también un marco legal que permite a las personas solicitar información pública y, sobre todo, que hagan uso de la ley. Solamente la participación ciudadana activa logrará controlar abusos de poder y garantizar que los servidores públicos cumplan con sus funciones.

Transparencia. Los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno comunican y dejan ver al público en general sus estructuras, funcionamiento y procesos de toma de decisiones gubernamentales sin la necesidad de hacer una solicitud de información. Es de decir, la información pública está en la “vitrina”, todos la pueden ver. La vitrina en este caso son las páginas web de las dependencias gubernamentales.