Desde 2006, el anteriormente llamado Programa de Gobernabilidad Democrática y Vida Pública, ha realizado acciones acompañado por aliados como la Fundación Friedrich Ebert – México y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Así se conformó el Observatorio Ciudadano para la Reforma del Estado, producto de la Ley para la Reforma del Estado, que se aprobó en marzo del 2007. En dicho proceso se logró fortalecer la presencia de la sociedad civil en la mesa de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, donde el Observatorio tuvo un lugar relevante. Dicho proceso de negociación concluyó en abril del 2008.

En 2009 se consolidó el  trabajo del Observatorio Ciudadano de la Gobernabilidad Democrática, cuyas actividades buscaron converger en la elaboración de diagnósticos e indicadores para elaborar un reporte anual sobre la gobernabilidad en México. Como resultado surge la publicación electrónica Brújula Ciudadana para el seguimiento y análisis especializado de la crisis económica en México y sus efectos políticos y sociales a corto plazo.

Desde el 2010 se ha promovido la figura de los Consejos Económicos y Sociales a nivel local, realizando acciones para impulsar la iniciativa de Ley para la Conformación del Consejo Económico y Social en el Estado de Michoacán e implementar  la investigación denominada "Índice de la Sociedad Civil en México".

A partir de nuestra Asamblea General celebrada en marzo de 2012, consideramos que el nombre anterior del programa, “Gobernabilidad Democrática y vida pública”, no reflejaba de manera real lo que éste realiza ya que, en términos teóricos, la Gobernabilidad Democrática es “un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas”[1]. Así, si se entiende a los gobiernos como redes de instituciones políticas, entonces la gobernabilidad sería la capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas.

La idea inicial fue cambiar la palabra gobernabilidad democrática por el término gobernanza, teniendo en cuenta que el gobierno necesita reconocer su interdependencia con la sociedad, y la participación de las fuerzas productivas y sociales en la solución de los problemas que enfrenta. Sin embargo, el uso de la palabra “gobernanza” resultaría muy pretencioso y podría ser algo engañoso, porque de esa forma tampoco especificamos  cuáles temas estamos trabajando o cómo lo pensamos hacer. Además, los demás programas de Iniciativa Ciudadana también promueven la “gobernanza”, al ser ésta una práctica transversal de nuestro quehacer como institución.

Optamos entonces por el nombre “Democracia participativa”, refiriéndonos a  la promoción de una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas mediante el ofrecimiento de instrumentos específicos que les permitan  influir sobre aquéllas decisiones que puedan afectar los intereses colectivos.

[1] Colombo, Paolo; traducción de Cardoso, Herber (2003). Gobierno, Léxico de político-1; pág. 131. Buenos Aires, Ed. Nueva visión.

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