Derecho a la información y contraloría social

El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) y sus instrumentos son herramientas fundamentales para la construcción de una democracia participativa basada en la transparencia y la rendición de cuentas. Desafortunadamente, el DAIP es un derecho que pocos ciudadanos conocen y ejercen, especialmente aquéllos que habitan fuera del territorio nacional. Es por ello que Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C., en colaboración con diversos actores, ha estado empujando desde el 2010 la promoción del DAIP con la comunidad migrante en Estados Unidos, buscando así promover el ejercicio de la ciudadanía binacional y el fortalecimiento del actor migrante como sujetos de derechos en ambos lados de la frontera.
Los talleres más recientes se llevaron a cabo el 6 y 7 de agosto de 2011, en Los Ángeles, California y Las Vegas, Nevada, al los cuales asistieron diversos migrantes originarios no solo de la capital, sino también de otros estados como Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y Puebla. Cabe destacar que dichos talleres fueron posibles gracias al trabajo en conjunto con la Dirección de Vinculación con la Sociedad del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), así como al apoyo de las sedes en los Ángeles de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara, la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latino Americanas (NALACC), la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal (SEDEREC), y la organización migrante Mex.DF.
Específicamente, en el caso del Distrito Federal contar con información permita a los migrantes y sus familias:
- Tomar mejores decisiones y solucionar problemas tanto en México como en Estados Unidos.
- Defender sus derechos y los de sus familias, sin importar el lugar donde se encuentren.
- Mejorar las condiciones de vida y sus familias.
Para ello, con el DAIP los migrantes y sus familias pueden saber:
- Qué apoyos y servicios ofrece el Gobierno del Distrito Federal a migrantes y sus familias, y quiénes son las personas responsables y cómo contactarlas.
- Cuál es el presupuesto para programas del Gobierno del Distrito Federal dirigidos a migrantes y sus familias, cómo funcionan y de qué forma pueden acceder a ellos.
- SI el Jefe de Gobierno del Distrito Federal cuenta con facultades para firmar algún convenio de colaboración con el alcalde de la ciudad donde residen los ciudadanos mexicanos para establecer programas de atención a la comunidad de migrantes defeños.
- A qué becas tienen acceso los hijos de los migrantes y cuáles son los requisitos para acceder a ellas.
- Qué leyes y reglamentos amparan sus derechos patrimoniales aunque hayan adquirido la nacionalidad estadounidense.
- En caso de muerte en Estados Unidos, qué apoyos existen para repatriar los restos.
Ambos talleres nos han dejado diversos aprendizajes, pero sobre todo han evidenciado la gran demanda que existe por parte de la comunidad migrante de contar con herramientas que los acerquen al ejercicio de sus derechos como ciudadanos mexicanos y los capaciten para asesorar y apoyar a sus familias que se quedan en México.
La información es un elemento indispensable para que los ciudadanos podamos vigilar, incidir y cambiar nuestro entorno, especialmente en lo referente a la toma de decisiones públicas que nos afectan. Así, el reto ahora está en ir más allá de las leyes que garantizan el DAIP y difundir su ejercicio entre los “ciudadanos de a pie”, incluyendo a los más de diez millones de ciudadanos mexicanos que habitan en Estados Unidos.
Síntesis Informativa de Hoy
Viernes 18 de mayo del 2012
La perspectiva política, hoy en la prensa: En un contexto eminentemente electoral el discurso del gobierno federal es de un elevado optimismo por las condiciones de los fundamentales macroeconómicos, que diferencian a la economía nacional de los ciclos de crisis que atraviesan algunas economías, como las europeas. En lo interno el caso de los generales arraigados perfila un escenario en el que las Fuerzas Armadas estarán sujetas a una extrema presión de comprobarse el cargo por el que los militares son investigados.























