LEGISLACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA.

AVANCES Y RETOS.

Por Axel García. ^[1]

En septiembre de 2009, alrededor de 120 agentes de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), en el marco de nuestro Taller Nacional, acudimos a la Cámara de Senadores para solicitarles a cada uno de nuestros representantes la necesidad de derogar el artículo 67 de la Ley General de Población (que restringía el derecho de acceso a la justicia a las personas migrantes sin documentos); la creación de un foro en materia migratoria que actualizara la legislación; legislar el derecho de asilo y/o la condición de refugiado; y adecuar el artículo 138 de la Ley General de Población (consideraba la ayuda humanitaria como parte del delito del tráfico de persona). Este esfuerzo se sumó a la petición que las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo las personas migrantes y sus familias venían demandando para mejorar su situación.

Un mes después, octubre de 2009, la Cámara de Senadores aprobaba por Unanimidad la reforma del artículo 67 y se publicaba el 22 de noviembre de 2010; el 26 de octubre la Cámara de Diputados aprobaba la Ley de Refugio y Protección Complementaria y se publicaba en enero de 2011; finalmente el 24 de febrero de 2011 el Senado de la República votaba por unanimidad la Ley de Migración y el 25 de mayo de 2011 se publicaba en el Diario Oficial de la Federación.

En cuanto a la Ley de Refugiados y Protección Complementaria desafortunadamente las organizaciones sociales en el país no tuvimos la oportunidad de compartir nuestra experiencia con en el Poder Ejecutivo y aunque manifestamos nuestras opiniones a la Comisión de Población y Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados no hubo ninguna modificación.

Respecto a la Ley de Migración, al ser un tema de mayor impacto social, un mayor número de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Grupo de Trabajo sobre Legislación Migratoria (en donde participa la DPMH), intentó conocer la iniciativa en la Secretaría de Gobernación pero sólo conseguimos la presentación de su resumen.

Afortunadamente, la insistencia social y la disposición de la Cámara de Senadores y Diputados permitieron que la iniciativa propuesta por la Secretaría de Gobernación se modificara. A pesar de que hace falta modificar diversas normas de la actual ley,[2] podemos destacar que hubo un diálogo abierto, democrático y participativo.

El reto actual se encuentra nuevamente en manos de la Secretaría de Gobernación porque a pesar de que ha manifestado su interés de cumplir con las Recomendaciones del Relator de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Personas Migrantes y sus Familias, así como lo establecido en la vigente de la Ley de Migración para desarrollar junto con la sociedad civil el Reglamento de dicha Ley, aún no conocemos el articulado de la misma.

Nuestra preocupación se agrava con el ejemplo que tenemos con el Reglamento de la Ley de Refugiados y Protección Complementaria en donde la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados solicitó a una sola organización sus comentarios en un plazo de una semana. Esta situación ha ocasionado que el Reglamento de esta Ley sea altamente discrecional y satisfaga las necesidades de la autoridad sin tomar en cuenta la realidad que viven las personas solicitantes de asilo, refugiados y migrantes con protección complementaria en el país.

Finalmente, si la  Secretaría de Gobernación pretende cumplir con el plazo establecido por la Ley de Migración para emitir su Reglamento (finales del mes de noviembre) perderá la oportunidad de mejorar la  mala imagen de su política migratoria y obligará a la sociedad civil organizada a seguir buscando mecanismos de incidencia que le permitan incluir sus observaciones en la normatividad migratoria.

[1] Es encargado de la Oficina de Promoción Humana de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana. Los comentarios expresados son a título personal y no reflejan la posición de la Dimensión.

[2] Eliminar el vínculo entre migración y la seguridad nacional; restringir la discrecionalidad de la autoridad migratoria; eliminar la participación de la SSPF en acciones de control y verificación migratoria; eliminar los operativos de control y verificación sin orden judicial; buscar alternativas la detención que exceda de los plazos permitidos por la Constitución, entre otros.