Chiapas y los ODM. ¿Candil de la calle, oscuridad de su casa?[1]

Iván Erwin Maldonado*

En diciembre de 2006, con la entrada de una nueva administración al gobierno del estado de Chiapas, se buscó un nuevo marco de solución para la situación de pobreza, marginación y desigualdad en la entidad federativa con menor desarrollo humano del país, mas no con los menores índices económicos del país.

Quizá la principal estrategia planteada por el gobernador Juan Sabines Guerrero, fue la de colocar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como meta principal de su mandato, logrando incluso que el Congreso del Estado los elevara a rango constitucional en junio de 2009,  única entidad en México que plasmó en papel dichos compromisos y segunda en América Latina, ya que la provincia de Corrientes, en Argentina, lo había hecho un par de años atrás.

Una apuesta bien pensada si de conseguir los reflectores internacionales se trata, así como ganarse la simpatía federal por su causa. ¿Quién podría dudar de una administración cuya meta es la consecución de los ODM? ¿No es acaso el logro de los ODM una forma de legitimación entre los supuestos estados libres y democráticos, preocupados por el desarrollo de los pueblos? Los periódicos hablan bien de Chiapas, las voces internacionales lo aplauden y citan como ejemplo, pero…

Ciertamente Chiapas eligió una estrategia que puede ser noble y poco cuestionable. Sin embargo, no todo ha sido sencillo, empezando por los fundamentos del desarrollo, así como por los niveles de endeudamiento que el estado ha generado, es decir, una cuestión de fondo, y otra de presupuestos. El desarrollo es algo más complejo que la consecución de indicadores universales. La economía también es algo más complejo que disponer de los recursos con que se cuentan y con los que no se cuentan.

El camino formal –aunque desde 2007 se trazó una línea encaminada al cumplimiento de los ODM en Chiapas- comenzó con el establecimiento de la Agenda Chiapas-ONU, la cual involucró la firma de un convenio interinstitucional con diversas agencias de Naciones Unidas en octubre de 2008, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza. El estado pactó una alianza estratégica con distintas entidades del Sistema de Naciones Unidas en México, con el propósito de una cooperación puntual y asistencia técnica. Con esto, Chiapas consiguió del Fondo de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio 6 millones 500 mil dólares (alrededor de 80 millones de pesos) para el periodo 2009-2011. Dicho Fondo es una iniciativa española. La suma para algunos podría parecer mucho, para los más, resulta poco, lo cierto es que la Agenda ONU-Chiapas permitió a la entidad erigirse como un nuevo escaparate mundial en materia de consecución de los ODM, algo sumamente propicio para recibir préstamos y beneficios bajo menores cuestionamientos. Los créditos, las deudas, son una cuestión de confianza. Construirla es fundamental, a pesar de que ésta sea un elemento más abstracto que la capacidad neta de pago. Una asociación como esta, con la ONU, fue pieza fundamental para lograrlo.

No pasó más de un año cuando Chiapas dio el siguiente salto en esta estrategia: la mencionada constitucionalización de los ODM, convirtiendo la consecución de los ocho objetivos planteados por  Naciones Unidas en un imperativo para el 2015. Como consecuencia, un proceso de reingeniería jurídica y programática siguió a esta decisión, a través de la alineación de las políticas y programas públicos estatales con miras a este deseo.

Con esta nueva estrategia y obligaciones consecuentes en ciernes, más de 100 programas y proyectos estatales de diversa índole sufrieron una “odemización” de forma voluntaria o involuntaria. Se buscó que cada uno de éstos tuviera un impacto, aunque fuera meramente teórico, en el logro de los indicadores que marcan el cumplimiento de las metas de los ODM. Por supuesto, y como vino manejándose desde el inicio de la actual administración, no se escatimó en los presupuestos para tal fin. En 2010, 18 mil 388 millones de pesos fueron los montos destinados al cumplimiento de los ODM en Chiapas. Asimismo,  se priorizó la focalización de estos recursos en los 28 municipios del estado con menor Índice de Desarrollo Humano, bajo el esquema de aumentar de manera gradual los montos destinados a diversos rubros identificados con las metas de los ODM en dichas delimitaciones geográficas, según un planteamiento denominado “Estrategia para erradicar la pobreza extrema”, en el marco de la política ODM estatal y la Agenda Chiapas-ONU.

La inversión prácticamente se quintuplicó de la administración estatal anterior a la actual en los 28 municipios, en un ejercicio enorme focalización. Entre 2007 y 2011, 8 mil 053 millones de pesos se habían invertido en dichos municipios  En 2010, los montos focalizados destinados a esos municipios equivalieron al 40 por ciento del presupuesto estatal  en materia de  erradicación de la pobreza,.

Dicha política de consecución de los ODM en Chiapas ha coincidido con un endeudamiento público por una cantidad similar a lo invertido en los 28 municipios durante el periodo de Sabines. Según reporta la Secretaría de Hacienda al segundo trimestre de 2011, la deuda chiapaneca asciende a 7 mil 830 millones de pesos, es decir, Chiapas es la 14ª entidad más endeudada del país, aunque con un PIB menor que los de la mayoría de sus contrapartes con alta deuda. En diciembre de 2006, al final de la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, la deuda estimada era de aproximadamente 881 millones de pesos. En pocos años esta situación se revirtió. Una deuda que en 2006 equivalía al 0.5 por ciento del PIB estatal se transformó en una equivalente al 3.1 por ciento del mismo en el segundo trimestre de 2011. La séptima entidad federal más endeudada respecto de su PIB.

Al día de hoy los resultados de esta estrategia de combate a la pobreza y otros indicadores del desarrollo no han estado exentos de cuestionamientos, pues si bien en muchos campos se ha producido un avance numérico, como en prácticamente todos los estados de la República. En un plano que toca los aspectos más esenciales del desarrollo, los ODM, y su alcance según lo establecido por Naciones Unidas, constituyen una serie de elementos ciertamente fundamentales para el bienestar de los pueblos, no obstante, son una de las múltiples

Al día de hoy, los resultados de esta estrategia de combate a la pobreza no han estado exentos de cuestionamientos por varias razones. La primera es que hay que considerar que la definición de los umbrales de satisfacción de las necesidades y goce de derechos en los ODM se basó en la situación de los países de menor grado de desarrollo y mayores carencias acumuladas, por lo que los umbrales son muy bajos o “minimalistas” para la medición del desarrollo social. En este sentido, para el caso de México, los ODM debieran ser un punto de partida y no un punto de llegada. Un piso, no un techo. En contraste, el enfoque de derechos en políticas públicas, parte de los principios de movilización del máximo de recursos disponibles, progresividad, interdependencia, indivisibilidad y universalidad, en el marco del principio pro persona establecido ya en el Artículo Primero de la Constitución General de la República.

Por otro lado, una de las críticas más consistentes a los ODM, es no haber fijado meta alguna en materia de desigualdad y colocarse únicamente en la perspectiva del combate a la pobreza y, más específicamente, a la pobreza extrema. Una de las consecuencias de esta perspectiva son políticas públicas extremadamente focalizadas que tienden a priorizar poblaciones y regiones y a diseñar acciones compensatorias, que no necesariamente rompen con las tendencias de la pobreza y la desigualdad, sino que en ocasiones hasta las profundizan, dejando de lado otras modalidades de políticas redistributivas, que favorezcan el desarrollo de capacidades y fuerzas productivas de los sujetos sociales.

Las metas del milenio deben enmarcarse en una estrategia de desarrollo desde los pueblos, no para los pueblos. También deben seguir el camino de las sanas finanzas, para evitar aplazar deudas que después se verán reflejadas, precisamente, con el acortamiento de los niveles de desarrollo que se puedan conseguir en un periodo determinado a costa del endeudamiento. Múltiples lecciones en este país nos han enseñado que son los pueblos quienes pagan las decisiones financieras de los gobernantes. Hoy el nivel de endeudamientos de las entidades federativas, y en particular del estado de Chiapas, están en sus máximos históricos. No caigamos en la tentación de comprar cierta clase de desarrollo con tarjeta de crédito, bonos u otros instrumentos de incertidumbre.

[1] Los datos para esta investigación provienen de INEGI, el apartado Deuda Pública para Entidades y Municipios 2011 Segundo Trimestre de la Secretaría de Hacienda, así como de las dependencias e  informes del Gobierno del Estado de Chiapas. Todos disponibles en páginas web.

* Miembro del equipo de investigación del Observatorio de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en México, del Instituto Mora.