GASTO ELECTORAL; PRESUPUESTO Y PRIORIDADES DE LA DEMOCRACIA

Francisco Javier Alvarado[1]

En una democracia, los ciudadanos exigen información para decidir por quién votar. Para ello, en la competencia política se requiere de recursos para que las distintas ofertas partidistas puedan posicionarse frente al electorado. En consecuencia, se otorga a los partidos políticos montos diferentes de dinero para enfrentar sus gastos ordinarios y extraordinarios. Hay tres formas para concretar lo anterior: una es el financiamiento público, otra el financiamiento privado y una fórmula mixta, es decir público y privado.

En la mayoría de democracias consolidadas se destaca el financiamiento público por dos razones primordiales y en congruencia con las aspiraciones democráticas: porque sienta las bases para una competencia equitativa donde las fuerzas políticas tienen una base mínima de recursos para presentarse ante el electorado y, porque, fundamentalmente, se busca inhibir la influencia de grupos de interés y criminales que eventualmente financiarían las campañas a cambio de verse beneficiados en la toma de decisiones públicas.

En esa tendencia, México se convirtió en la década de los 90´s en uno de los países que contaban con una legislación avanzada en materia de financiamiento. No obstante, de origen surgieron dos problemas que subsisten hasta el día de hoy Uno, es el costo ascendente de las campañas que convirtieron a la democracia mexicana en una de las más caras del mundo. Otro, que no se logró impedir, de forma clara y contundente, la influencia de los recursos no comprobables en las campañas. Entre las causas del alto costo de las campañas destacaban la larga duración de las contiendas y la fuerte inversión que hacían los partidos en los medios de comunicación a través de costosos spots.

Una forma de solucionar lo anterior fue la reforma de 2007 que en esencia acortó el tiempo de las campañas y facilitó a los partidos el acceso a los medios, con la intención de evitar una influencia desmedida de agentes ajenos o poderes fácticos en el curso de la democracia. Sin embargo, esta reforma no logró su cometido principal: hoy el dinero subrepticio sigue presente, con todos los riesgos que implica en la cooptación de políticos y lealtades, y los costos de las campañas aunque ajustados siguen siendo altamente onerosos.

Para el 2012, tan solo los comicios para renovar la Presidencia y el Congreso de la Unión le costarán a los mexicanos 18,452.28 millones de pesos, según cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, como se muestra en el siguiente Cuadro.

Presupuesto público federal en materia Electoral,

PEF = Presupuesto de Egresos de la Federación

Fuente: Cámara de Diputados, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. El Presupuesto Público Federal de México en Materia Electoral, 2011-2012. Noviembre, 2011

Al respecto, es preciso mencionar que la discusión en la Cámara de Diputados sobre las fuentes de ingresos que financiarían el gasto para 2012 no se centró en cómo lograr un sistema tributario más equitativo y simple -entre otros asuntos relevantes en el diseño del Presupuesto de Egresos-, sino que se centró en cómo aumentar la estimación de los 3,48 billones de pesos de ingresos del 2011 para destinarlos a un demandante gasto electoral el año entrante. Al final, el PEF 2012 resultó ser un presupuesto para un año electoral en el que destacan, entre otros, la reducción en el gasto social, a pesar de un aumento marginal; el aumento y la libertad para las entidades federativas en materia de gasto, datos que se pueden constatar en el siguiente Cuadro:

Evolución PEF por ramos seleccionados 2010-2012

(Cifras en millones de pesos)

Fuente. Secretaría de Hacienda, Presupuesto de Egresos de la Federación 2010-2012

Sin duda, una política de fortalecimiento democrático no puede avanzar sin recursos financieros que fortalezcan a los órganos electorales. Pero los montos asignados al gasto electoral para 2012 evidencia la consolidación de una prioridad que sólo buscó mayores recursos como fin último de los actores que intervienen en el proceso electoral. Ello, sin avanzar paralelamente en mejorar la rendición de cuentas y generar contrapesos ciudadanos que observen este gasto de manera efectiva.

Si bien la democracia en México es muy cara, se justifica ese monto de recursos para legitimar el proceso y para que el IFE no pierda la posición de árbitro, valor que se ha reforzado en el imaginario de la sociedad, con la necesidad de contar con un ente autónomo como el IFE para organizar los comicios, que se presenta como de vital importancia en la democracia mexicana en donde la ciudadanía asume que los resultados pueden ser manipulados. Así, el monto asignado como gasto electoral obedece más a la desconfianza de los ciudadanos en los procesos y resultados de los comicios, que a la función efectiva de los órganos electorales y a la ausencia de mecanismos y parámetros que permitan constatar la efectividad e impacto de este gasto, más allá de la retórica del discurso del fortalecimiento democrático.

En ese tenor, sería sano replantear que los ciudadanos podamos ser parte de esta revisión, poniendo en la mesa de la discusión una visión ciudadana que debiera estar siempre presente. Ello es apremiante porque el costo excesivo de las elecciones, y porque al final los votos no son una forma real de participación social, debido a que los procesos electorales son organizados en beneficio sólo de la clase política y no de la ciudadanía. Ello implica por definición apostar por un cambio en la cultura democrática de los ciudadanos, pues, en suma, se trata de contar con una democracia más eficiente y austera, pero representativa del interés real de los ciudadanos por elegir a sus gobernantes y seguir abonando en la construcción y fortalecimiento de la democracia.

[1] Colaborador del Área de Comunicación en Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.