EL CASO AYOTZINAPA Y LA NUEVA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN DE LA CNDH.

Dr. Ricardo Sepúlveda.[1]

A seis meses de que se haya publicado la reforma constitucional de derechos humanos en la que se modificaron importantes aspectos de la regulación de los organismos públicos de protección de derechos humanos, incluyendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esta reforma ha traído importantes cambios prácticos tanto en el ámbito jurisdiccional como en el no jurisdiccional de protección a dichos derechos.

En el caso de la CNDH, una primera aplicación de la nueva regulación se materializó con la solicitud que hizo su Presidente, Raúl Plasencia, al Senado para llamar a comparecer al Director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), José Luis Luege, por su negativa a aceptar la recomendación No. 61/2011 que lo involucraba en el caso de las inundaciones en Tabasco, las cuales afectaron a más de cien mil personas. Esto lo hizo apegándose estrictamente al nuevo párrafo del artículo 102 de la Constitución que vino a reforzar la actuación de la CNDH al otorgarle una facultad de índole política: promover la comparecencia de un funcionario ante el Senado de la República, cuando no acepta o no acata una recomendación.

Esta decisión de la CNDH resultó muy adecuada ya que pone en ejercicio una función que se encuentra establecida en la Constitución y que, por lo mismo, más que ser un derecho se convierte en una obligación para las autoridades a fin de hacer respetar los derechos humanos de las personas. La magnitud del caso y sus implicaciones lo hacían aún más perentorio.

El otro tema es el de la facultad de investigación. Desde la Constitución de 1917 se incluyó como una facultad no jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia y, aun cuando tuvo largos períodos de no aplicación, en los últimos años se había convertido en una facultad muy recurrida en casos flagrantes de violación a derechos humanos, por ejemplo en el caso de la Guardería ABC, el de Lydia Cacho, Atenco, etc. Fue la misma Suprema Corte la que pidió que la facultad se suprimiera, entre otras razones, porque al ser resoluciones meramente declarativas generaba un desgaste a la imagen de la Corte.

El debate no fue fácil, hubo muchas voces que defendieron sus beneficios a favor de los derechos ciudadanos ya que funcionaba como una especie de Comisión de la Verdad que impulsaba investigaciones integrales y con gran transparencia. Más allá de eso, el tema llegó al constituyente revisor y tomando pie de la reforma que se trabajaba en materia de derechos humanos, se resolvió atender el punto, pero se prefirió no derogarla sino transferirla a la CNDH. La decisión del constituyente revisor fue totalmente lógica ya que lo único que se hizo fue refrendar lo que por Constitución y por ley ya existía, es decir la competencia de la CNDH de conocer los casos de violaciones a derechos humanos, incluyendo los casos graves.

Aunque en las discusiones del Congreso se levantaron muchos temas alrededor, por ejemplo el de si hacer intervenir al Consejo Consultivo en la decisión de procedencia de los casos o incluso en su desahogo, la redacción final de la reforma no establece más que la facultad de la CNDH de investigar los casos. La única salvedad que se añade, a diferencia del supuesto general, es que puede ser excitada por alguna autoridad, lo que por cierto no prohíbe que pueda hacerlo de oficio o a petición de parte (a través de una queja).

Como es sabido la CNDH decidió, frente al gravísimo caso de Ayotzinapa, hacer uso de esta facultad encuadrada en la nueva disposición constitucional. Las investigaciones iniciales derivaron en un informe preliminar que fue presentado ante la opinión pública el 9 de enero. Explícitamente el Presidente de la Comisión señaló que la Institución actuaba con este nuevo fundamento. La opinión pública reaccionó correlativamente dándole especial seguimiento a la investigación, a nuestro parecer más que lo que suele suceder en otros casos también de gran relevancia.

Sin embargo, una cosa a anotar es que la Comisión no ha realizado ninguna acción que sea diferente a las que corresponden a cualquier investigación, incluyendo la de hacer comparecer al Gobernador del Estado. Las facultades existían y no se requería ninguna legislación reglamentaria para llevarla a efecto. En cuanto al Consejo Consultivo no se le consultó, sino que se le informó a posteriori, ya que, como se mencionó antes, no existe previsión constitucional al respecto.

El tema que ahora surge como inquietud, es cuál va a ser el desenlace final de la investigación y si esta va a resultar igual o similar al resto de las 95 recomendaciones que se emitieron en el 2011, o va a tener algún alcance diferente.

Lo primero que podemos suponer es que al no haber una regulación específica no se prevé que pueda tener un contenido o alcance diferente al de otra recomendación. El desafío que ahora se enfrenta es lograr la satisfacción de las exigencias ciudadanas de justicia, tal como sucedía en el caso de la Suprema Corte, la que ante las amplias expectativas de los quejosos (peticionarios) terminaba quedándose limitada.

Por ello el reto al que se enfrenta la CNDH no es menor ya que se convierte en una instancia clave para la lucha contra la impunidad. No podemos minusvalorar el mérito de haber reaccionado con la prontitud y la contundencia con la que lo hizo. Ahora, el objetivo debe ser rematar el procedimiento de la misma manera. Sin embargo el desafío de fondo será lograr que, con base en una investigación incontrovertible, se emitan recomendaciones puntuales, se reparen de manera efectiva las violaciones a derechos humanos y finalmente, que sean cabalmente cumplidas. Como se aprecia el reto es grande.

Como Consejero de la Comisión Nacional asumo el compromiso de buscar formas que fortalezcan la efectividad en la actuación de la Institución y que, por ende, se conviertan en un mecanismo de lucha frontal contra la impunidad.

Lo que sucedió en Ayotzinapa clama justicia real, no solo formal.

[1] Consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.