El pasado 16 de diciembre de 2011 en el Patio Virreinal del edificio del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) presentó el reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana (LIAMYMH) con el objetivo de precisar los derechos de todos los habitantes de la Ciudad de México, al tiempo de garantizarles un trato digno e igualitario por parte de las instituciones capitalinas.

El reglamento, que se encuentra en espera de ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, complementa el marco normativo que regulará la atención a los migrantes bajo principios de interculturalidad y hospitalidad en la Ciudad de México.

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Como es sabido la CNDH decidió, frente al gravísimo caso de Ayotzinapa, hacer uso de esta facultad encuadrada en la nueva disposición constitucional. Las investigaciones iniciales derivaron en un informe preliminar que fue presentado ante la opinión pública el 9 de enero. Explícitamente el Presidente de la Comisión señaló que la Institución actuaba con este nuevo fundamento. La opinión pública reaccionó correlativamente dándole especial seguimiento a la investigación, a nuestro parecer más que lo que suele suceder en otros casos también de gran relevancia.

El tema que ahora surge como inquietud, es cuál va a ser el desenlace final de la investigación y si esta va a resultar igual o similar al resto de las 95 recomendaciones que se emitieron en el 2011, o va a tener algún alcance diferente.

Por ello el reto al que se enfrenta la CNDH no es menor ya que se convierte en una instancia clave para la lucha contra la impunidad. Como se aprecia el reto es grande.

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• Se incorpora, así, a la Red por la Rendición de Cuentas , organismo presidido por el CIDE e integrado por 53 organismos académicos, empresariales, civiles y no gubernamentales
• Se busca promover entre partidos y candidatos la construcción de una política de rendición de cuentas

El Instituto Federal Electoral (IFE) firmó un Convenio de Colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mediante el cual se integra a La Red por la Rendición de Cuentas , organismo conformado por 53 instituciones civiles, empresariales, académicas y no gubernamentales comprometidas con la transparencia ante la sociedad mexicana.

El Secretario General del CIDE, Sergio López Ayllón, mencionó que la academia, las instituciones y la sociedad deban trabajar juntos para construir un entramado de exigencias y propuestas, a fin de que los partidos y sus candidatos se pronuncien y se comprometan durante el año electoral de 2012 a la construcción de una política de rendición de cuentas.

Precisó que La Red por la Rendición de Cuentas no apoyará ninguna campaña electoral, pero sí estará alerta a los pronunciamientos que se presenten durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, a fin de abrir debates sobre el contenido de los mismos.

El objetivo, usando el concepto y el ejercicio de RED es "entramarnos y tejernos en torno del objetivo explícito de promover y construir una verdadera política de rendición de cuentas para el país y contribuir a crear el contexto de exigencia público, crítico y propositivo para lograrlo”.

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En un estudio, revela que los mexicanos son menos proclives a conceder a los inmigrantes extranjeros los mismos derechos que ellos exigen para sus compatriotas en otros países.

El reporte Las Américas y el Mundo 2010-2011 del CIDE señala que, en general, los latinoamericanos “aceptan conceder derechos a los inmigrantes”, pero “no lo hacen en la misma proporción que exigen esos derechos para sus connacionales en el exterior”.

Las encuestaas se aplicaron en torno a 6 derechos: 4 sociales (educación pública, servicios de salud, reunificación familiar y trabajo) y 2 políticos (asociación y sufragio):

• La mayoría de los mexicanos están dispuestos a conceder a los inmigrantes los mismos derechos que exigen para sus conciudadanos en otros países, pero el grupo que está a favor de otorgar estos derechos es menor al grupo que los demanda.

• Estas diferencias se hacen más notorias en el caso de los derechos políticos.

Los números:

• Prácticamente todos los mexicanos encuestados están a favor de que sus compatriotas en el exterior cuenten con servicios de salud (99%).
• Sin embargo, si se trata de otorgar el mismo derecho a los extranjeros que viven en México, el porcentaje de mexicanos a favor disminuye a 94% (resultando en una diferencia de 5%).
• Un 96% de los mexicanos considera que sus connacionales deben acceder a la educación pública en los países donde residen frente a 91% que opina lo mismo para los extranjeros radicados en México.

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